4
de junio de 2025
Comunicado - Panamá: Preocupación por la violenta represión contra las comunidades indígenas Ngäbe-Buglé en medio de las protestas sociales
Front
Line Defenders expresa su profunda preocupación por el uso
excesivo de la fuerza y la creciente represión contra las
comunidades indígenas de Panamá, en particular en la
comarca Ngäbe-Buglé y la provincia de Darién. La
violencia y la represión se produjeron en el contexto de las
protestas contra la Ley 462, la posible reapertura de la mina Cobre
Panamá y el memorando de entendimiento entre Panamá y
Estados Unidos. Se han documentado allanamientos violentos, disparos
con perdigones, detenciones arbitrarias y actos de criminalización
contra defensores de derechos humanos indígenas, así
como defensores de la tierra y el medio ambiente.
En mayo de
2025, las comunidades indígenas Ngäbe-Buglé de Ojo
de Agua, El Piro Trinidad, Viguí, Tolé, El Prado, San
Félix y Horconcito fueron sometidas a operativos represivos.
El 14 de mayo, se reportaron incursiones del Servicio Nacional de
Fronteras (Senafront) en zonas residenciales, incluyendo el uso de
gases lacrimógenos en viviendas, escuelas e iglesias, golpizas
a familiares y persecuciones casa por casa. Los días
siguientes se caracterizaron por cortes de energía
deliberados, vigilancia con drones y helicópteros de reuniones
comunitarias, disparos de perdigones, uso de armas de fuego y una
presencia militar sin precedentes que, según denuncian
defensores locales, no se había visto ni siquiera durante la
dictadura militar.
En las últimas semanas, las
protestas abarcaron diversos sectores sociales, como estudiantes,
sindicatos, pescadores y campesinos. Sin embargo, la violencia contra
las comunidades indígenas es especialmente alarmante. La
situación en el territorio indígena Ngäbe-Buglé
es particularmente compleja, ya que la falta de consulta previa y el
desprecio por los derechos indígenas han dado lugar a
políticas que violan derechos fundamentales y criminalizan a
quienes se oponen a la reapertura de la mina Cobre Panamá
El
15 de mayo, Caleb Bejarano resultó gravemente herido por un
disparo en el abdomen durante una protesta pacífica. Es un
estudiante indígena Ngäbe de la Universidad de Panamá
y familiar de Mary
Acosta Pinilla ,
defensora de derechos humanos indígena y miembro de Mujeres
Indígenas sobre la Biodiversidad Lac. El disparo,
presuntamente efectuado por la Policía Nacional, causó
lesiones graves que requirieron tres cirugías de emergencia y
cuidados intensivos. El 5 de mayo, el defensor de derechos humanos y
poeta Esteban Binns Carpintero fue detenido arbitrariamente por
Senafront mientras documentaba una protesta pacífica en Tolé.
Aunque fue liberado, este incidente marcó el inicio de una
tendencia creciente de criminalización de quienes ejercen el
derecho a defender los derechos humanos.
El 27 de mayo de
2025, el gobierno panameño declaró el estado de
emergencia en la provincia de Bocas del Toro, intensificando la
militarización en las provincias limítrofes de Chiriquí
y Veraguas, así como en la Comarca Ngäbe-Buglé.
Esto condujo a un mayor despliegue de agentes del Senafront, la
Policía Nacional y unidades aeronavales, junto con el uso
constante de helicópteros de vigilancia y vuelos con drones.
Las fuerzas de seguridad han obstruido reuniones comunitarias e
intimidado a la población rural mediante redadas, detenciones
arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza.
Simultáneamente,
el Ministerio Público emitió órdenes de captura
contra autoridades indígenas, entre ellas Elivardo Membache,
Jefe General de Tierras Colectivas de Darién, y la jefa
sustituta Lucrecia Caisamo, quienes se entregaron voluntariamente.
Organizaciones indígenas han denunciado estas acciones como
intentos de criminalizar la protesta social y desmantelar las
legítimas demandas comunitarias. Front Line Defenders continúa
recibiendo denuncias de nuevas detenciones arbitrarias y abusos
físicos contra personas de las comunidades.
El
detonante de las movilizaciones nacionales fue la aprobación
de la Ley 462, que reforma el sistema de seguridad social sin
consulta previa, así como los esfuerzos del Poder Ejecutivo
panameño por reactivar el proyecto minero Cobre Panamá,
declarado inconstitucional por la Corte Suprema en 2023 y ampliamente
rechazado durante las protestas nacionales de ese mismo año.
También ha suscitado preocupación el memorando de
entendimiento firmado entre Panamá y Estados Unidos en abril
de 2025, que permitiría una mayor presencia militar
estadounidense en Panamá.
A pesar de la falta de
reconocimiento oficial de estos abusos, la Defensoría del
Pueblo, como institución pública autónoma,
informó que seis investigaciones nacionales sobre posibles
violaciones de derechos humanos siguen abiertas. Estas
investigaciones se encuentran en proceso de recopilación de
pruebas y forman parte de un informe preliminar con recomendaciones
basadas en el seguimiento realizado hasta la fecha.
Front Line
Defenders subraya que el derecho a la protesta pacífica, la
libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos
están protegidos por los tratados internacionales ratificados
por Panamá. El uso excesivo de la fuerza y la violencia
institucional por parte del Estado, en particular contra los pueblos
indígenas que lideran la defensa de los derechos indígenas,
territoriales y ambientales, es una estrategia deliberada para
inhibir la defensa de los derechos humanos y constituye una grave
violación de estos derechos por parte del Estado
panameño.
Front Line Defenders llama a las autoridades
panameñas a garantizar el ejercicio de la defensa de los
derechos humanos y cesar de inmediato toda forma de represión
contra las comunidades indígenas y quienes defienden el medio
ambiente y el territorio, y a adoptar medidas efectivas de protección
y diálogo.